Rechaza la SCJN frenar iniciativa en materia de derechos de los pueblos indígenas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró improcedente la suspensión del estudio y análisis de la Iniciativa de ley en materia de derechos de los pueblos indígenas y Afromexicanos de Guerrero.

La solicitud de suspensión fue promovida por el gobierno del estado, a través de su delegado del poder ejecutivo, Rogelio Parra Silva. Sin embargo, no se especifican los motivos ni razonamientos para dicha suspensión.

El argumento de la SCJN, fue que la iniciativa al formar parte de un proceso legislativo, su impugnación sólo puede realizarse cuando la ley finalmente esté promulgada y publicada.

La reforma indígena y afromexicana, es impulsada desde el Congreso de Guerrero por la bancada de Morena y una diputada del PRD, a través de la que se busca otorgar derechos en 23 nuevos artículos a los pueblos nahuas, Na Savi, Me´phaa y Nan’cue Ñomndaaa.

Su elaboración se dio luego del desarrollo de diez foros de consulta realizados en  Ayutla de los Libres, Metlatónoc, Tlapa de Comonfort, Malinaltepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Tlacoachistlahuaca, Acatepec, Tepecoacuilco y Acapulco.

El fin de semana pasado en Tlapa de Comonfort se llevó a cabo una Asamblea Informativa para dar a conocer “las bondades” de la iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Indígena y Afromexicana.

El diputado Aristóteles Tito Arroyo, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del Congreso local, explicó que dicha iniciativa contempla los resolutivos de diez foros de consulta realizados en las distintas regiones de la entidad, con el objeto de adecuar el marco legislativo para que los pueblos originarios y afromexicano tengan acceso a un verdadero desarrollo desde su autonomía y la libre determinación, y no bajo la tutela del Estado.

Al encuentro asistieron los diputados Luis Enrique Ríos Saucedo, Erika Valencia Cardona y Norma Otilia Hernández Martínez; los alcaldes de Tlapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte y Malinaltepec, así como representantes de distintas organizaciones sociales, como el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.