ONU presenta informe sobre pueblos indígenas de la Montaña

Foto vía: Tlachinollan 

Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de la ONU, alertó sobre la violencia, impunidad y acceso a la justicia que México atraviesa actualmente.

Tlapa, 10 de Agosto.- Tras visitar en Guerrero, a la comunidad Nahua de Tlatzala, municipio de Tlapa, donde se reunió con más de 300 indígenas de la Montaña, la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, alertó sobre la violencia, la impunidad y acceso a la justicia que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad con niveles alarmante de asesinados, de desplazamientos y desapariciones. Vínculo entre el crimen organizado y algunas autoridades a nivel municipal, estatal y federal contribuyen a la corrupción e impunidad”. 

Al presentar el informe sobre su visita a México realizada del 8 al 17 de noviembre de 2017 para conocer la situación de los pueblos, los retos y sus buenas prácticas. 

En el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, que desaparecieron en septiembre de 2014, la relatora especial se reunió con padres de estudiantes provenientes de comunidades indígenas y tomó nota de los pocos avances en las investigaciones sobre el paradero de sus hijos”.

También documentó que en Guerrero, Chiapas y Chihuahua siguen ocurriendo desplazamientos forzados de familias y comunidades indígenas a raíz de amenazas y violencia perpetradas por grupos criminales que se disputan los territorios para sus actividades; criticó que en los estados, “la respuesta ha sido una mayor presencia militar, que no ha disminuido la violencia”. 

Desde el 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alertó que “la militarización de la seguridad pública no es la respuesta y se debería trabajar para el retiro del ejército de sus funciones temporales de seguridad pública, asegurando esa responsabilidad al ámbito civil”. 

Una situación extremadamente grave que recalcó la relatora especial de la ONU es que “en Guerrero, la presencia del crimen organizado en áreas donde también existen intereses mineros aumenta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas”. 

La Relatora presentó en Guerrero el informe sobre su visita a México realizada del 8 al 17 de noviembre de 2017 para conocer la situación de los pueblos, los retos a los que se enfrentan y sus buenas prácticas.

 “Comunicaré lo que ustedes me digan a las autoridades de México. Haré extensiva sus propuestas y recomendaciones”, señaló.

Tauli-Corpuz manifiesta en su informe que la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas debe ser un tema prioritario que requiere una debida reglamentación, conforme el derecho internacional. 

Así, la Relatora apuntó que en numerosos casos, los reclamos territoriales de los pueblos indígenas forman parte de acciones legales para impugnar permisos forestales o permisos agrarios otorgados a terceros sin previa consulta.

Es muy ilustrativo su comentario relacionado con el caso de la represa la Parota, en el municipio de Acapulco, Guerrero. Escuchó el testimonio de Marco Antonio Suástegui, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP) de que “agentes estatales convocaban a asambleas agrarias o creaban padrones de comuneros para facilitar la apropiación de tierras comunales para los proyectos”. 

Actualmente, alertó, Marco Antonio Suástegui y 24 comuneros del CECOP se encuentran encarcelados en el penal de Acapulco, acusados de homicidio. La división comunitaria alentada por el mismo gobierno desde hace 15 años, ha exacerbado la violencia que lamentablemente está cobrado vidas de campesinos a causa de este megaproyecto, apuntó la Relatora especial que recibió múltiples denuncias sobre proyectos mineros, hidroeléctricos, eólicos, de energía solar, de hidrocarburos, agroindustriales, de infraestructura, turismo y sobre el otorgamiento de permisos forestales.